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lunes, agosto 22, 2016

Cada 5 días es asesinado un activista social en Colombia

LaRepública.es.
En lo que va de 2016 se han registrado 314 agresiones contra defensores de derechos humanos, y cada vez son más los asesinados.
En los primeros seis meses de 2016, en Colombia, cada dos días fueron agredidos dos defensores de derechos humanos, y cada cinco fue asesinado uno. A esta conclusión llegó el informe ‘¿Éste es el fin?’, elaborado por el Sistema de Información sobre Agresiones contra Defensores de Derechos Humanos en Colombia, de la organización Programa Somos Defensores.
Pese al reciente acuerdo entre el Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP) en el que ambos se comprometen al cese bilateral de hostilidades, esta realidad parece no alcanzar a los luchadores sociales.
Tras la firma de ese acuerdo, medios de comunicación y el presidente Juan Manuel Santos calificaron la acción como “el último día de la guerra”, sin embargo, muchos miembros de juntas vecinales, sindicalistas, líderes indígenas, activistas ambientalistas o profesores en comunidades campesinas siguen siendo objetivo de violencia política, con un aumento en los índices de asesinatos de aquellos que defienden los DD.HH. en Colombia.
Según el informe, en el primer semestre del año se registraron 314 agresiones, 35 de ellas culminaron en asesinatos, lo que representa un incremento del 3 por ciento con respecto al mismo período en 2015.
Asimismo, se conoció que unas 232, quedaron solo en amenazas, una disminución del 41 por ciento. Unas 21 agresiones se materializaron en atentados y se presentaron 13 detenciones arbitrarias, nueve casos de uso arbitrario del sistema penal, tres robos de información y un desaparecido.
En la mayoría de los casos, los presuntos responsables son: grupos paramilitares (con un 68 por ciento de participación), grupos desconocidos (con un 22) y agentes estatales (con un 10). Todos los presuntos responsables disminuyeron sus porcentajes de participación, menos las fuerzas de seguridad del Estado, que elevaron su participación de un 5 por ciento en 2015 (con 19 casos de agresión a defensores) a un 10 por ciento en 2016 (32 casos).
De los 35 asesinatos registrados este año, el 91 por ciento fueron a hombres, y el 9 por ciento a mujeres. En seis de ellos, los defensores habían sido amenazados previamente. En muchos de estos casos de homicidio, allegados de los defensores siguen siendo agredidos.
LibreRed | Telesur

Masacre de El Topacio deja mal parado al Ejército Nacional

La noche del pasado 29 de julio se llevó a cabo en San Rafael, Oriente de Antioquia, la presentación del informe Memorias de Una Masacre Olvidada, del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH). Foto: Ricardo Cruz.
En junio de 1988, 14 mineros de esta vereda de San Rafael, oriente de Antioquia, fueron retenidos y posteriormente sus cuerpos descuartizados. Sus partes fueron arrojados a las aguas del río Nare. Sus familiares regresaron 28 años después a rendirles homenaje y reclamar justicia.   

Sin pensarlo dos veces, Marta Gutiérrez emprendió el viaje que la llevó al lugar donde 27 años atrás fue retenido y luego desaparecido forzosamente su hijo, Jhon Mario Giraldo. Fue la segunda vez en toda su vida que pisaba las tierras de El Topacio, una vereda de San Rafael, oriente de Antioquia, donde alguna vez la sevicia y la infamia se confabularon para cometer un crimen tan atroz, que su recuerdo aún hoy genera consternación entre sus pobladores.
Marta no viajó sola. A su lado estaba Carlos, uno de los tres hijos que le sobreviven, quien para el momento de los hechos tenía tan solo tres años de edad. También estaba Olimpo Daza, que ese trágico día también perdió a su hermano Oscar y a su primo Diofanor. El transporte estuvo a cargo de Álvaro Arango, hijo de Alejo Arango, recordado dirigente de la Unión Patriótica (UP) en San Rafael, desaparecido en extrañas circunstancias tan solo tres meses antes de los hechos que marcaron para siempre la vida de Marta, Olimpo y otras 14 familias sanrafaelitas.
El suceso también impactó la vida de todo San Rafael. No en vano, pocos en este pueblo hablan abierta y tranquilamente de lo ocurrido entre el 12 y el 14 de junio de 1988 en la vereda El Topacio; de la dantesca imagen que dejaron restos humanos flotando en las aguas del río Nare; de la responsabilidad del Ejército Nacional; de la violenta persecución contra los miembros de la UP; de cómo guerrilleros y paramilitares convirtieron esta tierra en zona de guerra.
Olimpo, por ejemplo, decidió no hablar de lo ocurrido ni volver por allá luego de ese día que tuvo que viajar a El Topacio para recoger de las orillas del río Nare brazos, piernas, manos y troncos humanos como si fueran restos de ganado. Álvaro también llevaba sus años sin ir a San Rafael. Bastó ser hijo de su padre y una fuerte amistad con líderes de la UP para tener que dejar su terruño finalizando los años ochenta. Y no regresó. Se instaló en un municipio vecino y solo viaja ocasionalmente para visitar a sus seres más allegados.  
Por ello, el espontáneo encuentro que tuvo lugar la mañana del pasado 30 de julio en el sitio donde por última vieron con vida a John Mario, Oscar y Diofanor y donde ahora se erige un monumento en honor a las víctimas, sirvió para remover heridas que aún no cicatrizan, honrar la memoria de seres queridos, aclarar eventos del pasado y exigir, con el coraje que la guerra diezmó dos décadas atrás, justicia, verdad y reparación.

Un pueblo convulsionado

san rafael 2El Informe elaborado por la CNMH reconstruye los hechos relacionados con la masacre de El Topacio y, al final, lanza una serie de recomendaciones para que se esclarezcan las situaciones presentadas en esta masacre. Foto: Ricardo Cruz.En total, fueron 14 los mineros retenidos, posteriormente desaparecidos y luego descuartizados por el comando armado que ingresó a las minas San Javier y Los Encenillos, ambas en la vereda El Topacio, durante el domingo 12 y el martes 14 de junio de 1988. Sin embargo, en el monolito construido junto a la cruz solo figuran trece nombres. Fue Olimpo quien advirtió el hecho cuando dijo: “aquí falta el nombre de mi hermano, Óscar Daza”, pero al instante recibió como respuesta de un lugareño: “siempre pensamos que las víctimas eran trece”.
“Es que aquí nunca se hablaba de eso. Solo hasta ahora es que la gente se está atreviendo a contar todo lo que nos pasó. Por eso es que ni siquiera era claro cuántas fueron las víctimas”, agregó Álvaro. No se trató de un silencio indiferente. Para esos años, según recuerda, la violencia se pavoneaba en San Rafael con descarada impunidad. “Mataban alguien en la mañana. Y uno veía al asesino, lo identificaba. Por la tarde, esa misma persona estaba en el parque cómo si nada, hablando con la Policía, el Ejército. ¿Quién decía algo pues?”.
Eran momentos en que en todos los rincones del país caían asesinados por montones dirigentes sindicales, simpatizantes de izquierda y miembros de la UP por simple sospecha de ser guerrilleros. San Rafael no fue la excepción. Sin embargo, en esta localidad, la violencia política tenía un complejo antecedente adicional: la construcción de las centrales hidroeléctricas que circundan el Oriente antioqueño.  
Según lo reseñó el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) en su informe Memorias de una masacre olvidada, para la década de los setenta el Oriente antioqueño era un verdadero hervidero humano: la construcción de las centrales hidroeléctricas atrajo miles de trabajadores; los pueblos comenzaron a crecer y los modos de vida se transformaron profundamente. Asimismo, se iniciaron los arduos reclamos y las intensas movilizaciones de una población que se sentía atropellada. Fueron emergiendo líderes de fuerzas políticas alternas a los tradicionales partidos Liberal y Conservador.
Como si fuera poco, iniciando los años ochenta llegó a la región el Frente 9 de las Farc, que se instaló en veredas como El Topacio para fortalecerse militar y políticamente. Fue en este ambiente, caracterizado por un conflicto armado que amenazaba con agudizarse, donde emergían los movimientos de izquierda y el descontento social iba en ascenso. Fue así cómo Alejo Arango, Froylan Arango y Rosa Margarita Daza, integrantes de la UP, empezaron a trabajar “manga por hombro” con las comunidades sanfaelitas.
“Mi papá era un soñador. Él decía que se le podía garantizar trabajo a mucha gente, pero que había que organizarlos, trabajar en la legalización de la minería de oro de San Rafael”, relató Álvaro. En Efecto, con la ayuda de Froylan y Rosa Margarita, Alejo creó, en 1987, la Sociedad Minera El Topacio, mediante la cual buscaba congregar, carnetizar y legalizar a todos los mineros de la cuenca del río Nare afectados por la construcción del embalse San Lorenzo.
Tarea bastante peligrosa si se tiene en cuenta que, para aquel entonces, en El Topacio y otras veredas mineras, las Farc cobraban onerosas extorsiones, controlaban con dureza la actividad extractiva y protegían con fiereza militar un territorio que consideraban vital para sus intereses. Mientras que en el casco urbano no pasaba día sin que un miembro de la UP fuera asesinado o, en el mejor de los casos, fuera acusado por las autoridades militares como auxiliador de la guerrilla.
Alejo no fue la excepción. Los militares lo vincularon tanto con la subversión que el 13 de febrero de 1988 fue detenido por miembros del Ejército Nacional quienes lo condujeron a las instalaciones del Batallón Bárbula de Puerto Boyacá, acusado de extorsión.
Pero ni el Ejército Nacional ni las autoridades civiles de la época, han podido explicar lo que  ocurrió después de aquella detención. “Mi papá es trasladado nuevamente a la cárcel de San Rafael el 16 de febrero de 1988. Para esos días el pueblo estaba militarizado y había toque de queda. Entonces, a todos los presos los trasladan, menos a mi papá, que queda solo. El 4 de marzo entró un comando armado y se lo llevó. Los guardias dijeron que fue la guerrilla que entró a rescatarlo”, contó Álvaro, quien no deja de sorprenderse por lo extraño de algunos detalles.
“En su celda habían pintas que decían ‘las far’. ¿Fue realmente la guerrilla? ¿Cómo puede un comando de las Farc rescatar a un preso que estaba altamente custodiado por el Ejército, en un pueblo militarizado y en toque de queda? ¿Por qué trasladaron a todos los reclusos, menos a él?”. Nadie ha podido responderle estas preguntas a Álvaro, tampoco donde está su padre, cuyo paradero es incierto hasta el día de hoy.  
Cuatro meses antes de la desaparición de Alejo, los sanrafaelitas vieron caer a Froylan Arango. Su asesinato se produjo el 28 de noviembre de 1987 en pleno casco urbano de la localidad. Meses después, el 24 abril de 1988, fue acribillada en pleno parque de San Rafael la compañera de luchas de los Arango y en aquel momento concejal municipal: Rosa Margarita Daza.

Un acto de sevicia

san rafael 3Justo en el sitio donde fueron retenidos los mineros, los lugareños levantaron un monumento en honor a la memoria de las víctimas. Pese a que muchas cosas han cambiado en la región, en El Topacio aún se realiza la minería. Foto: Ricardo Cruz.El mismo día que Marta Gutiérrez llegó a San Rafael proveniente de Puerto Berrío, Magdalena Medio antioqueño, se registró un intenso combate entre la guerrilla de las Farc y tropas del Ejército Nacional al mando del capitán Carlos Enrique Martínez Orozco, comandante de la base militar destacada en este municipio. Se trató del enfrentamiento que tuvo lugar el 9 de junio de 1988 en el sitio La Clara de la vereda Santa Isabel de San Roque, cercana a la vereda El Topacio, que dejó como saldo un subteniente del Ejército abatido por los guerrilleros.   
Del hecho Marta se enteraría semanas después, cuando la gente del pueblo comenzó a relacionar la muerte del oficial con la desaparición de su hijo. Tal como ella lo recordó, su visita a San Rafael obedeció a que “tenía que realizar una diligencia relacionada con una herencia que nos había dejado mi mamá”. Había viajado con Jhon Mario, su hijo de 15 años, quien ya anhelaba emprender la aventura de buscar oro en las caudalosas aguas del río Nare.
“Él me decía que lo dejara ir a las minas, que él quería conocer cómo se sacaba el oro, cómo era todo ese proceso”, recuerda Marta. Pese a las noticias que llegaban del “monte” sobre la presencia de la guerrilla y los combates con el Ejército, ella confió en la experiencia minera y el conocimiento de la región de un allegado a la familia, Juan Evangelista Mora, quien lo llevó a El Topacio esa fatídica mañana del 12 de junio.
Tal como lo documentó el CNMH, la noche de ese 12 de junio un comando armado vistiendo prendas camufladas irrumpió en la vereda. Primero, ingresaron en la vivienda de la familia Buriticá Rincón, llevándose a la fuerza a dos jóvenes de esa familia a quienes señalaron de guerrilleros. Luego, llegaron a la casa de los Buriticá Parra, de donde también se llevaron amarrado al padre de familia.
El comando armado continuó su marcha hasta la cooperativa de la acción comunal de la vereda. Allí golpearon y amenazaron de muerte a su administrador. Finalmente, el 14 de junio arribaron al campamento minero de Los Encenillos, donde se encontraban Juan Evangelista y Jhon Mario. Ambos fueron retenidos junto a otros ocho mineros. Captores y retenidos partieron con rumbo desconocido. En el camino fue secuestrado otro minero más. Fueron, en total, 14 las personas en ese recorrido.
Solo se salvó la mujer encargada de la alimentación de los mineros en el campamento. Fue ella quien llevó la noticia al pueblo. Días después, ante el desconcierto de las autoridades locales, miembros de la misma comunidad, entre ellos algunos parientes de los retenidos, organizaron una comisión para ir, ocho días después, al sitio de los hechos para constatar un trágico presagio.
“Empezaron a volar muchos gallinazos por la zona. Pensamos: ‘debe haber gente muerta allá”, recordó Olimpo Daza, quien no lo pensó dos veces para viajar hasta El Topacio y buscar noticias de su hermano y su primo. La imagen que vio cuando llegó al sitio se quedó grabada en su memoria como un tatuaje: “en una islita que forma el río en sus orillas había parte de cuerpos humanos: brazos, pies, manos, troncos, ropas rotas. Todo eso flotaba ahí en el agua”.
Los restos encontrados fueron inhumados en varias bóvedas del cementerio de San Rafael. No hubo proceso de identificación. Eran tiempos en que los protocolos forenses eran una quimera. El párroco de la época emitió un acta de defunción masiva. Así, con el dolor entre pecho y espalda, y todas las incertidumbres posibles, los pobladores comenzaron a preguntarse quién habría sido capaz de tanta sevicia.
Para la gran mayoría, había un solo responsable: “dijeron que fue el Ejército. Aquí ya había antecedentes de atropellos de los militares. Que el Ejército hizo eso porque los mineros eran cercanos a don Alejo, el señor de la UP que desaparecieron, que ellos eran de la guerrilla. Y que además, eso fue una retaliación por la muerte de un militar cerca de San Roque”, respondió Marta.

¿Crimen de Estado?

san rafael 4Tras casi tres décadas de ocurridos los hechos, la comunidad sanrafaelita ya se atreve a hablar de la masacre ocurrido. Sin embargo, nombres como el del capitán Martínez aún generan algo de temor. Foto: Ricardo Cruz.El capitán del Ejército Carlos Enrique Martínez Orozco llegó a la base militar de San Rafael promediando la década de los ochenta, en momentos en que el paisaje del Oriente antioqueño cambiaba drásticamente por cuenta de la construcción de las centrales hidroeléctricas.
Fue uno de los tantos militares colombianos formados bajo la doctrina del “enemigo interno” que impartió en Estados Unidos la famosa Escuela de Las Américas durante la década de los setenta. Buena parte de sus servicios lo prestó en el Batallón Bárbula de Puerto Berrío, salpicado por sus nexos con las autodefensas de Henry Pérez.
Desde su llegada al municipio, según lo recuerdan quienes padecieron aquella época, el capitán Martínez Orozco dejó claro que su misión era exterminar toda manifestación de guerrilla, tal como lo había hecho durante sus años de servicio en Puerto Boyacá. Curiosamente, su lucha contrainsurgente se caracterizó por reiteradas denuncias en su contra por maltratos, acusaciones y falsos señalamientos, principalmente por parte de mineros y dirigentes de la UP.
Por ello, cuando varios de los familiares de los mineros desaparecidos y descuartizados instauraron denuncia penal ante las autoridades judiciales, a mediados de junio de 1988, el primer interrogado fue el capitán Martínez. Según consta en expediente judicial, el Juzgado 28 de Instrucción Criminal Ambulante de Medellín ordenó su reclusión preventiva el 7 de septiembre del mismo año por cuanto los testimonios recopilados hasta entonces lo ubicaban en el lugar y justo en los días de los macabros hechos que sacudieron a San Rafael.
No obstante, pese a los testimonios recopilados por los investigadores judiciales que vinculaban al capitán con la masacre, la rigurosa recolección de pruebas técnicas y el intenso debate jurídico, que incluyó enfrentamiento con la justicia penal militar que pedía investigar este caso; situación que fue resuelto a favor de la justicia ordinaria; el Juzgado Cuarto de Orden Público de Medellín profirió sentencia absolutoria contra el capitán Martínez el 17 de agosto de 1990, consignando que los testimonios presentados por la defensa del militar “tienen la virtud de entronizar la duda sobre la responsabilidad penal del sindicado”.
Se trató, a juicio de conocedores, una investigación con visos de irregularidad. “Hubo un proceso, pero que se debe analizar y revisar con lupa, porque se advierten irregularidades. Pero lo cierto es que, según la justicia, este fue un caso juzgado”, advirtió Juan Alberto Gómez, correlator del informe Memorias de una masacre olvidada, del CNMH.
Según pudo establecer el CNMH, el capitán Martínez fue destituido del Ejército Nacional el 28 de abril de 1992 por su presunta negligencia en la persecución de un grupo paramilitar encabezado por el narcotraficante Jaime Eduardo Rueda Rocha, señalado como uno de los autores materiales del crimen del dirigente político Luis Carlos Galán.

Una nueva oportunidad

san rafael 5Actualmente, la Fiscalía trabaja en la identificación de los restos óseos que fueron enterrados en el cementerio de San Rafael. Extraoficialmente se sabe que ya hay varios cuerpos identificados pero se espera plena confirmación para su entrega. Foto: Ricardo Cruz.Cuando las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) culminaron sus desmovilizaciones colectivas en agosto de 2006 y sus miembros comenzaron a ser juzgados bajo la Ley 975 de 2005, conocida como Justicia y Paz, Marta Gutiérrez sintió que tenía una segunda oportunidad para saciar la sed de verdad y justicia que mantiene desde 1988.
Y no es para menos. Tras los hechos de El Topacio, en San Rafael se impuso la ley del silencio.  Hablar de lo ocurrido se convirtió en tabú, incluso para los familiares de las víctimas, quienes optaron por aceptar que los huesos depositados a la “topa tolondra” en una bóveda del cementerio de San Rafael, eran los de sus familiares. La decisión judicial que exoneró al capitán Martínez, sindicado como uno de los máximos responsables, terminó por doblegar los pocos alientos de aquellos que clamaban por justicia.
Luego, finalizando la década de los noventa, vino la arremetida paramilitar del Bloque Metro de las Accu, primero; y el Bloque Héroes de Granada de las Auc, después. Así, el recuerdo de los mineros retenidos, desaparecidos y descuartizados presuntamente por miembros del Ejército Nacional terminó sepultado en lo más profundo de la memoria colectiva de los sanrafaelitas.
Menos en el alma de Marta, quien siente que se le clavó una filosa espina en su pecho justo en el momento en que se enteró de la desaparición de su hijo. “La vida me cambió desde ese momento. Tuve problemas con el licor, perdí a mi esposo. Fueron años muy duros que logré superar gracias a mis hijos”, recordó.
De ahí que en 2007, cuando se enteró de que en su pueblo, Puerto Berrío, había una oficina de la Fiscalía de Justicia y Paz, no lo pensó dos veces: “la gente me decía: ‘¿qué se va poner en esas?, mire que de pronto la emprenden contra usted’, pero yo quería que me escucharan. Y me tocó venir a San Rafael a buscar con las víctimas. Nadie quería hablar, pero lentamente las fui convenciendo”.
Su declaración llevó a que la Unidad de Exhumaciones de la Fiscalía de Justicia y Paz se apersonara del caso. En 2010, este despacho trasladó el expediente a la Unidad Nacional contra los delitos de Desaparición Forzada y Desplazamiento Forzado, que actualmente adelanta las labores de identificación de los restos y la reapertura de la investigación penal. Según pudo establecer VerdadAbierta.com, el proceso lo lidera actualmente la Fiscalía 32 del Eje Temático de Desaparición Forzada y la investigación sobre los responsables del hecho, entre ellos antiguos miembros del Ejército, se encuentra en etapa previa.
“Ahora, por lo menos he visto más empeño de las autoridades para que esto no quede en la impunidad, que yo pueda saber si los huesitos que hay enterrados por ahí sí sean los de mi hijo. Por lo menos ya se habla, todavía con temor, pero se habla. Pero lo que sí sería reparación para nosotros es que ese señor Martínez responda por lo que hizo”, sentenció Marta Gutiérrez, quien aún mantiene viva la esperanza de justicia.

La persecución y el exterminio que precedieron a la U.P.

La UNO en un acto preparatorio en Bucaramanga, para la campaña electoral de 1976. Foto: Cortesía Partido Comunista de Santander.
Antes de que comenzara ese genocidio, muchos militantes de la Unión Nacional de Oposición fueron torturados y asesinados en aquellas regiones donde comenzaron a ganar terreno político a mediados de la década del setenta.

Mientras una parte de la sociedad está a la expectativa de cómo será la transición de la guerrilla de las Farc a la legalidad, varios de sus comandantes y algunas organizaciones no gubernamentales han expresado su inquietud sobre los posibles riesgos que afronte todo aquel que participe en política a nombre del movimiento que surja tras el acuerdo final con el gobierno nacional.
Esas preocupaciones se sustentan no solo en la persecución violenta que generó el exterminio de la UP en la década del ochenta, sino que se remontan a lo ocurrido con los militantes de la Unión Nacional de Oposición (UNO) en los setenta y sobre lo cual se conoce poco.
“Esa fue la antesala de lo que sucedió una década después con la UP. No es extraño ni ajeno pues hay un hilo conductor que es la persecución contra el Partido Comunista. Por eso planteamos el tema de no repetición como elemento central para el proceso de paz”, afirmó Jaime Caicedo, secretario nacional del Partido Comunista.
Tanto miembros de la UNO como de la UP fueron asesinados por pertenecer, simpatizar o colaborar con esos movimientos políticos de izquierda. Pero existen diferencias entre ambos casos. Una de las más grandes es que Colombia atravesaba unas circunstancias políticas muy diferentes cuando surgió la UNO, en 1973, a las de mediados de los ochenta, con la creación de la UP.
Para comienzos de los setenta, la guerrilla de las Farc no era un grupo armado con tanta fuerza y la imposición del mecanismo de Estado de Sitio era reiterado. Desde 1944, y por períodos intermitentes, los diferentes gobiernos acudieron a esta figura que les permitía “declarar turbado el orden público y en estado de sitio toda la República o parte de ella” y, por tanto, actuar de manera más expedita contra todo aquello que representara una “amenaza” para el país.
En esa época, estaba llegando a su fin el Frente Nacional, que surgió de un acuerdo entre los partidos Liberal y Conservador en 1958 para ponerle freno al gobierno militar que había instaurado el general Gustavo Rojas Pinilla en 1953. Se trató de un pacto de alternancia del poder por periodos de cuatro años entre ambos partidos que se mantuvo hasta 1974; a la par, sindicatos, movimientos sociales y estudiantiles estaban tomando fuerza en el país.
Un hecho electoral se convirtió en la génesis de la UNO, se trata de lo ocurrido en las elecciones presidenciales de 1970, sobre las que pesa la sospecha de que los resultados fueron alterados para evitar que ganara Gustavo Rojas Pinilla, el exgeneral golpista de 1953, y su movimiento político Alianza Nacional Popular (Anapo). Pese a todos los reclamos, fue declarado triunfador el candidato por el partido Conservador, Misael Pastrana Borrero.
En un contexto nutrido de sospechas de fraude electoral, el Partido Comunista, el Movimiento Obrero Independiente y Revolucionario (MOIR) y una disidencia de la Anapo, llamada Movimiento Amplio Colombiano (MAC), se aliaron bajo la figura de la Unión Nacional de Oposición (UNO).
Su primer candidato presidencial fue Hernando Echeverri Mejía, uno de los 17 parlamentarios que fundó el MAC. “El país viene hace cerca de 25 años aherrojado por el Estado de Sitio [...] Por eso uno de nuestros objetivos centrales es batallar por las libertades democráticas, por la igualdad de derechos para la mujer colombiana, y enfrentar hasta derrotar todas las medidas represivas”, declaró este líder político al periódico Tribuna Roja en 1974.
Según la visión de la naciente UNO, el movimiento de la Anapo no representaba a los sectores de la izquierda porque era una mezcla de liberales y conservadores centralizada en la figura de Rojas Pinilla. Además, no compartieron la decisión del militar de postular a su hija María Eugenia como candidata presidencial para las elecciones de 1974.
En aquella jornada electoral participaron Hernando Echeverri Mejía por la UNO; la hija de Rojas Pinilla por la Anapo; el liberal Alfonso López Michelsen; el conservador Álvaro Gómez; y Hermes Duarte por Democracia Cristiana.
Durante esa contienda electoral, surgieron las primeras diferencias en la UNO. Los tres partidos de izquierda que la conformaron discutieron sobre quiénes deberían ser los candidatos para curules regionales y al final acordaron listas “conjuntas y únicas” para asambleas departamentales y concejos municipales. Aun así, diez días antes de las elecciones, el MOIR advirtió en un editorial de su periódico Tribuna Roja que la alianza “tiene un enemigo soterrado que la mina por dentro: el sectarismo”.
Como si fuera un presagio, la primera fragmentación llegó meses después de las elecciones. Casi tres millones de colombianos eligieron a López Michelsen como presidente, mientras que la candidata de la Anapo obtuvo 492.000 sufragios y Echeverri poco más de 130.000.
Ante la derrota, Echeverri y los militantes del MAC Ciro Ríos e Iván López, buscaron alianzas con el nuevo gobierno. Los tres salieron del partido.
Los problemas se acrecentaron en 1976, con las elecciones a Congreso, asambleas y concejos. El MOIR y el MAC denunciaron que “el Partido Comunista rompió los acuerdos unitarios al formar una nueva UNO con sus militantes, para tener un aparato hegemónicamente suyo”.
Un año después, esos dos partidos se fueron a fundar el Frente de Unidad por el Pueblo; por su parte, el Partido Comunista se quedó liderando la UNO y se añadieron a esa alianza la Anapo y el Movimiento de Izquierda Liberal (MIL).
“Rompimos con los comunistas porque nuestra oposición era al gobernante que ganara, pero ellos empezaron a ‘coquetear’ con el gobierno de Alfonso López. Por ejemplo, ese presidente le dio personería jurídica por primera vez en la historia a la Conferencia Sindical de Trabajadores, que era dirigida por el Partido Comunista”, detalló Carlos Naranjo, hoy miembro del Comité Ejecutivo del MOIR.
Pese a eso, la UNO siguió adelante en su proceso de consolidación política y en las elecciones de 1976 obtuvo más curules locales.
En Santander, uno de sus bastiones, alcanzaron dos diputados, tres concejales en Bucaramanga y varios más en Florián, Landázuri, Puerto Wilches, Barrancabermeja, Girón y Florida Blanca, entre otros, según las cuentas de Alfredo Valdivieso, secretario del Partido Comunista en ese departamento. En Cimitarra, seis de los diez concejales eran de la UNO.
Tras estos resultados, el coronel Néstor Espitia Sotelo, comandante de la base militar de Cimitarra, reunió a los campesinos en la plaza y les advirtió que el “consejo mayoritario de la UNO que eligieron el 18 de abril (de 1976) no se lo vamos a dejar funcionar” y añadió que “como ustedes no quieren al gobierno y estamos en zona de guerra, vamos a terminar con los comunistas”.
A la par, ejecutaba capturas masivas pues según él, eran necesarias impedir que “la población ayudara a los guerrilleros y el funcionamiento de la oposición, principalmente la UNO y el Partido Comunista”, como detalló el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) en su investigación El orden desarmado.
Fue tanta la presión en ese mismo municipio que el comandante del puesto militar de Santa Rosa entró a una sesión el Concejo y encarceló a todos los ediles, incluyendo los de otros partidos diferentes la UNO. Concejales de esa coalición como Andrés Niño y José Santamaría no podían ingresar al recinto “porque estaban sentenciados a muerte” y a otros dirigentes de la UNO, el batallón militar no les actualizó el carné que necesitaban para transitar libremente.

La persecución al comunismo

uno 2Gerardo Molina fue el candidato único de la izquierda para las elecciones presidenciales de 1982. Foto: archivo Semana.Amenazas, torturas, asesinatos y desapariciones de miembros de la UNO comenzaron desde 1974 en aquellas regiones del país donde la izquierda estaba surgiendo. Pero “fue mucho más terrible desde 1978”, evocó Caicedo.
Ese año, Julio César Turbay fue elegido como presidente en representación del partido Liberal. En esas elecciones, los votos de la izquierda se los dividieron entre la UNO, con 97 mil para Julio César Pernía, y el Frente de Unidad por el Pueblo, con 27 mil, a favor de Jaime Piedrahita.
El primer mandatario estrenó el mandato con el Decreto 1923 de 1978, a través del cual le otorgó la potestad a la Justicia Penal Militar para juzgar a todo el que fuera señalado de alzarse en armas contra el gobierno, de ser integrante de grupos armados e, incluso, a quienes turbaran el orden público. Como resultado de esas acciones, cerca de 60 mil personas fueron detenidas en el primer año de ese gobierno, según el Ministerio de Defensa.
Además, los militares podían hacer Consejos Verbales de Guerra, un mecanismo judicial que se utilizó para perseguir y juzgar a quienes militaran en grupos de izquierda. Valdivieso reconoció que huyó del país hacia la Unión Soviética, en 1980, precisamente para evadir que un militar lo juzgara en un consejo de guerra en Barrancabermeja.
“Hubo consejos contra dirigentes de la UNO y del Partido Comunista, señalados de colaborar con la subversión. Muchas veces se violó el derecho del ‘habeas corpus’ (con el que un acusado podía quedar libre en tres días si no le explican por qué lo detenían), hubo allanamientos sin razón y se limitaron las libertades de hacer manifestaciones públicas”, precisó Caicedo.
Por su parte, la investigación del CNMH explica que la reacción militar también fue contra la población civil, en muchos casos por militar o simplemente por elegir a miembros de la UNO: “La yuxtaposición de actividades legales de las organizaciones de izquierda, con la acción proselitista y organizativa de las Farc, generaron confusiones sobre los límites de una y otra actividad y equivocadas asimilaciones entre opositores políticos y rebeldes armados”.
Muchos de los muertos de la UNO hacían política en Magdalena Medio, Bogotá, Yacopí (Cundinamarca), Turbo y Mutatá (Antioquia) y en Puerto Rico, Doncello, la Unión Peneya y Paujil (Caquetá).
Caicedo aseveró que en Yacopí asesinaron a varios concejales de esa alianza, a personas que hacían actividades proselitistas, dirigentes comunistas e inclusive un diputado de Cundinamarca.
En Magdalena Medio, las torturas y desapariciones crecieron a la par que aumentaba el número de integrantes de las Farc. El Frente 4 de esa guerrilla, que operaba en la zona, pasó de tener 40 integrantes a principios de los setenta, a más de 260 en 1978 y a 850 en 1982, según las estimaciones del CNMH.
Por su parte, el Batallón Santander, de Puerto Berrío, Antioquia, capturó solo en 1976 por lo menos a 400 personas. Uno de los casos más recordados en aquella época ocurrió dentro de esa guarnición militar. Darío Arango, vicepresidente del Concejo y miembro de la UNO, murió en 1979 durante una tortura. Al respecto, Caicedo dijo que fue un hecho tan escandaloso que ayudó a impulsar la creación de movimientos de defensa de derechos humanos.
“La propuesta anticomunista caló tan profundo que todo aquel vinculado con el comunismo era tratado como enemigo interno y la intención era liquidarlo ideológica o físicamente. Eso fue lo que sucedió con UNO”, apuntó Valdivieso.
Es por eso que Caicedo aseguró que con el Frente Nacional acabó la guerra entre liberales y conservadores, pero la persecución se ensañó con la oposición. Y de tal manera que, en 1982, sin siquiera cumplir 10 años de existencia política, la UNO se desintegró.
En las elecciones presidenciales de ese año, todos los movimientos de izquierda, desde el Partido Comunista hasta el MOIR y el MAC, se alinearon con el candidato Gerardo Molina bajo el movimiento ‘Firmes’. Posteriormente, los militantes de la UNO trabajaron en el Frente Democrático hasta que surgió la UP.
Muchos de los dirigentes que murieron en el genocidio de la UP sobrevivieron a la persecución cuando estaban congregados en la UNO, como Gilberto Viera, Hernando Hurtado, Hernando Mota Mota o Manuel Cepeda.
“La diferencia es que en la época de exterminio contra la UNO no había el paramilitarismo que se conoció después, sino que empezó como parte de actividades de orden público, particularmente del Ejército, contra la guerrilla”, explicó Caicedo y añadió que la UP sí propuso una salida negociada al conflicto mientras que la UNO se centró en el desmonte del Frente Nacional y en una lucha contra el Estado de Sitio.
Hasta ahora no se conocen cifras exactas de cuántos miembros de la UNO fueron torturados o asesinados. En parte, porque el Partido Comunista nunca llevó un registro en ese momento; y también porque muchos familiares optaron por no denunciar. Además, la Fiscalía no tiene mucho conocimiento de los casos, más allá de un par de menciones a la UNO en algunos de sus informes.
Ante ese vacío, algunos miembros del Partido Comunista están adelantando un trabajo para recopilar las historias y con ellas contribuir no solo a esclarecer lo ocurrido hace ya tantos años, sino a poner como un ejemplo más de intolerancia política en la historia reciente del país en momentos en que se están buscando los mecanismos adecuados para que una guerrilla tan antigua como las Farc pase de las armas a la política sin los sobresaltos violentos que padecieron militantes, simpatizantes y colaboradores de la UNO y de la UP, y más recientemente los del movimiento Marcha Patriótica.

jueves, agosto 18, 2016

Al banquillo presuntos patrocinadores de ‘paras’ en los Llanos

VerdadAbierta.com.
La primera sentencia contra el Bloque Centauros de las Auc, ordena investigar al gobernador del Guaviare, Nebio Echeverry Cadavid, y a la petrolera Perenco por presunta financiación de grupos armados ilegales. Estas son las principales revelaciones.
Manuel de Jesús Pirabán, alías ‘Pirata’, uno de los jefes desmovilizados del Bloque Centauros, en audiencia ante los jueces de Justicia y Paz. Foto: archivo Semana.Luego de 11 años de vigencia de la ley de Justicia y Paz, se conoce la primera sentencia contra el Bloque Centauros de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) que se creó en los Llanos Orientales. El fallo de más de 1.000 páginas, proferido por la magistrada Alexandra Valencia, causó revuelo porque pidió que se estableciera de una vez si el exvicepresidente Francisco Santos tenía o no responsabilidad en la creación de grupos paramilitares en Bogotá.
Sin embargo, la sentencia va más allá de Santos y pide que se investigue a varios actores que han sido señalado por los mismos paramilitares como sus financiadores y hasta ahora han permanecido intactos.  De acuerdo con la Fiscalía, gracias al apoyo que recibió de la Fuerza Pública, las autoridades locales, los ganaderos y narcotraficantes, el Bloque Centauros se convirtió en una fuerte estructura armada en el oriente del país.
A continuación, se exponen los apartados más importantes el fallo que condena a ocho años de prisión a Manuel de Jesús Pirabán, alías ‘Pirata’, y otros 21 paramilitares del Centauros por 144 delitos “cometidos durante y con ocasión del conflicto armado interno colombiano”.

El gobernador salpicado

sentencia bloque centauros 2Nebio Echeverry, gobernador del Guaviare, contó con el aval político de las Autoridades Indígenas de Colombia (AICO). Foto oficial de campaña.El actual gobernador del Guaviare, Nebio Echeverry Cadavid, quien también había ocupado el mismo cargo entre 2001 y 2003, fue señalado por los ‘paras’ de haber financiado un frente paramilitar en el oriente de Cundinamarca, donde tenía sus fincas.  Aunque los señalamientos en su contra eran conocidos e incluso fueron motivo de polémica en las pasadas elecciones, no tenía investigaciones por esos motivos. Solo hasta ahora el Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá ordenó que la Fiscalía adelante las indagaciones pertinentes para establecer si es cierto o no lo dicho en su contra.
Por los mismos hechos, la sentencia ordenó investigar a los ganaderos Mario Zambrano Jaramillo y Benigno Santamaría, este último también ha sido señalado como el beneficiado de las tierras que despojó, en Cundinamarca y Meta, Miguel Arroyave, alias ‘El Arcángel’, el narcotraficante que dirigió el grupo paramilitar hasta 2004, cuando lo asesinaron su propios subalternos.
De acuerdo con lo expuesto por la Fiscalía, el gobernador y los ganaderos hicieron parte de la génesis del Frente Pedro Pablo González en Paratebueno, Cundinamarca, uno de los frentes que se conformó después de la masacre de Mapiripán en julio de 1997. De acuerdo con el fallo, para ese entonces ganaderos con propiedades en los Llanos Orientales ya se habían reunido con miembros de la Casa Castaño para crear un grupo que atacara a los Frente 52 y 28 de las Farc en Casanare.
A Paratebueno llegaron 40 paramilitares desde de Urabá y se asentaron en las fincas de Echeverry, Zambrano y Santamaría, previo acuerdo con los mismos, quienes incluso se comprometieron a subsidiar la estructura paramilitar. “Ellos [los ganaderos] se comprometieron a que ellos sostenían el grupo mientras ellos [estructura paramilitar] se podían asentar en la zona, así permanecieron aproximadamente un año con las finanzas que le proveyeron esos ganaderos de la región y ya después conformaron su grupo de finanzas directamente para el sostenimiento del grupo”, dijo el fiscal encargado del caso.
En la sentencia del Tribunal Superior de Bogotá quedó consignado que “la participación de los ganaderos en la génesis del Frente Pedro Pablo González, estructura paramilitar a la que se le atribuyen 22 hechos en este proceso, se concretó en un aporte funcional de orden económico, que resultó muy útil para que la estructura paramilitar permaneciera en esa región. Tan efectivo fue este aporte y tan garantizada la connivencia con el poder que representan los ganaderos en la región, que de ser una estructura paramilitar pequeña, logró consolidarse como un Frente paramilitar”.

Petrolera, a investigación

sentencia bloque centauros 3Instalaciones de Perenco en Tolima. Foto: archivo Semana.El fallo exhortó a la Fiscalía para que investigue si trabajadores de la multinacional francesa Perenco, que sigue operando en Colombia, financiaron al Bloque Centauros. La empresa petrolera llegó a Colombia en 1971 como Sociedad Aquitaine Colombie S.A. y en 1993 comenzó a operar varios proyectos bajo el nombre de Perenco. De acuerdo con información registrada en su página web, “opera cinco contratos de asociación (Casanare, Estero, Corocora, Garcero, y Orocue), dos contratos de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (Oropéndola y Llanos 45, en fase de exploración), un contrato de concesión (Yalea)”. (Consultar aquí)
El narcotraficante Daniel Rendón Herrera, alias ‘Don Marío’, jefe financiero del Bloque Centauros, aseguró que la compañía - que tiene instalaciones entre Paz de Ariporo y Trinidad-  le pagaba 20 millones de pesos mensuales al grupo paramilitar: “Cuando yo recibí la parte administrativa y financiera me entregaron unas finanzas de una compañía de petróleos llamada Perenco que pagaba 20 millones mensuales, (…) yo me reuní con el gerente de esa compañía, fui en compañía de Manuel de Jesús Pirabán, en ese entonces (…) en el año 2002, yo les manifesté al gerente que era muy poquito porque las autodefensas velaban por la seguridad de los pozos, que la guerrilla no se fuera a tomar los pozos petroleros. Acordamos con ellos que nos daban 25 millones y 15 tambores de combustible mensual, eso fue un recurso que nos dieron por el tiempo que venía de antes y lo dieron por el tiempo que yo estuve en la parte administrativa y financiera”.
Al respecto, la sentencia concluye que “en ese sentido, la petrolera Perenco, se beneficiaba del modus operandi del Bloque Centauros, por medio de la seguridad que la estructura paramilitar ofrecía a sus pozos, razón por la cual aquella, le daba una contraprestación, que en parte, permitía su expansión y consolidación en la región de los Llanos Orientales”.
Pero este no fue el único grupo paramilitar que salpicó a Perenco. En 2011, Nelson Florentino Vargas Gordillo, exmiembro de las Autodefensas Campesinas del Casanare, le dijo a la Fiscalía que entre 2001 y 2002 esta compañía le colaboraba a los paramilitares al mando de por ‘Martín Llanos’. De acuerdo con Vargas, recibían mensualmente cien canecas de gasolina y montos entre 50 a 100 millones de pesos.
Con base en las versiones entregadas por los exparamilitares, el Tribunal Superior de Bogotá exhortó a la Dirección Nacional de Justicia Transicional de la Fiscalía General de la Nación, “para que inicien las indagaciones tendientes a dilucidar la presunta participación de personas, que pertenecientes a Empresas y grupos económicos locales y regionales, caso de la petrolera Perenco, aparentemente estuvieron relacionadas con la financiación y consolidación del Bloque Centauros”.

Los ‘falsos positivos’ del Batallón 21 Vargas

El general Héctor Cabuya de León, quien dirigió batallón 21 Vargas, está prófugo de la justicia. Foto: archivo Semana.En 2003, el Batallón de Infantería No. 21, Batalla Pantano de Vargas, ganó máximo reconocimiento nacional por resultados operacionales, pero lo cierto es que se trató de una estrategia orquestada con los jefes del Bloque Centauros para presentar a civiles como guerrilleros muertos en combate. El General Héctor Cabuya de León, quien dirigió este batallón, está prófugo de la justicia.
“Quedó en evidencia que el apoyo que antes era velado por parte del 21 Vargas ya empezó a ser un apoyo directo (…) un apoyo franco y donde resultaron victimizadas alrededor de 200 personas, unas reclutadas por los paramilitares que eran presentados como muertos en combate por el Ejército, otros que eran miembros de la propia organización que por asuntos  de indisciplina eran ejecutados y también fueron presentados como muertos por el Ejército, otros que eran realmente guerrilleros pero que el combate lo habían sostenido era las Autodefensas, y que todo eso generó esa cantidad de muertos que el Batallón 21 Vargas hubiera recibido”, aseveró el fiscal.
Está alianza entre los ‘paras’ y el Ejército contó con la colaboración de funcionarios judiciales, quienes en las inspecciones técnicas del cadáver aseguraban que en el cuerpo había pruebas de que había existido un supuesto combate.
Miembros del Ejército le suministraban información de las personas que iban a asesinar o les consultaban antes de cometer un crimen. Además, fueron miembros de este batallón, como el Capitán Rivera (de quien no aparece el nombre completo en el fallo), ayudaron a los ‘paras’ a entrar en Lejanías, San Juan y Puerto Lleras. De hecho, varios de los ‘paras’ del Bloque Centauros habían prestado servicio militar en el Batallón N. 21.
Aunque se dice que el apoyo de Ejército se prestó desde que los paramilitares llegaron en avioneta desde Urabá para perpetrar la masacre de Mapiripán en 1997, lo cierto es que hay registros anteriores. En 1992, por ejemplo, hombres al mando de ‘Pirata’ cometieron la segunda masacre de Caño Sibao, donde murieron varios funcionarios públicos, entre ellos la Alcaldesa María Mercedes López, y el Acalde entrante José William Ocampo. A pesar de que los mandatarios habían dado avisado al Batallón N. 21 de las amenazas contra sus vidas, estos no hicieron nada para evitar su muerte.

¿Quién responde por la masacre de Guaroa?

sentencia bloque centauros 4Héctor Germán Buitrago, alias ‘Martín Llanos’, jefe de las Autodefensas Campesinas de Casanare, al momento de su deportación a Colombia. Foto: archivo Semana.El 3 de octubre de 1997, en el municipio de San Carlos de Guaroa, Meta, 11 funcionarios fueron asesinados y otros 16 terminaron heridos luego de confiscar cerca de 300 kilos de cocaína en la finca El Alcaraván, de Puerto López. El múltiple crimen habría sido ordenado por Héctor Germán Buitrago, alias ‘Martín Llanos’, jefe de las Autodefensas Campesinas del Casanare (ACC). Este hecho marcó el comienzo de una enemistad entre los jefes de las ACC y los hermanos Castaño, quienes tras la matanza anunciaron en un comunicado público que ayudarían a encontrar a los culpables. (Ver: Masacre de Guaroa)
Sin embargo, esta sentencia saca a flote otra versión de los hechos. Manuel de Jesús Pirabán, conocido como ‘Pirata’, jefe militar del Bloque Centauros y quien para la época formaba parte de una Convivir en San Martín (Meta),  asegura que 15 días después de la masacre recibió aviso sobre dos guerrilleros menores de edad que estaban en Puente de Oro, a quienes capturó y los trasladó a San Martín
“Después de que los capturamos los trajimos hasta San Martín, ellos quedaron trabajando para nosotros (…) uno de ellos tenía aproximadamente 14 años el otro tenía 16 años. (…) entonces empiezan a hacer referencia de este golpe que le dieron al Ejército y a la Fiscalía allí en San Carlos de Guaroa, entonces nos dijeron que ahí había estado el Negro Berdeín y nos dieron los nombres de otros guerrilleros más, que el negro Berdeín había quedado muerto ahí, que era el 43 Frente de las FARC”, aseguró el exparamilitar.
Vale la pena recordar que los funcionarios que estaban en la comisión fueron atacados dos veces. Primero, se presentó un intercambio de disparos con miembros de las ACC que iban en un camión a la 1:20 p.m. y murieron tres paramilitares. Después, cuando llegaron a San Carlos, donde murieron los 11 funcionarios.
A raíz de este nuevo testimonio, la magistratura pidió a la Fiscalía que esclarezca qué fue lo que pasó realmente en San Carlos de Guaroa.  

La violencia de ‘Otoniel’ en Villavicencio

sentencia bloque centauros 5Dairo Antonio Úsuga, alias ‘Otoniel’, desmovilizado de las Auc que está al frente de la Bacrim de ‘Los Urabeños’, la más grande del país. Foto: archivo Semana.Desde 1998 se conformó un grupo conocido como ‘Las Urbanas’ o ‘Especiales’ de Villavicencio que llegó a tener 40 paramilitares y antes de la desmovilización del grupo estuvo al mando de Dairo Antonio Úsuga, alias ‘Otoniel’, el mismo que hoy lidera las llamadas ‘Autodefensa Gaitanistas de Colombia’.
Buscando apropiarse de los negocios ilegales, ‘Las Urbanas’ mataron a cientos de personas en la capital del Meta bajo un mismo modo de operación: llegaban en una motocicleta Yamaha RX 115 de color negro o vino tinto, una moto común para la época; casi siempre los homicidios ocurrieron entre las 5 de la tarde y las 7 de la noche; y por lo general, los paramilitares disparaban en varias oportunidades contra las víctimas. Lo que, según la magistrada que proyectó el fallo, denota que la zona era controlada por la ilegalidad.
El mayor impacto recayó sobre los habitantes de Ciudad Porfía, un barrio marginal que se fue formando a punta de asentamientos ilegales a mediados de los años ochenta, donde se estima que por lo menos el 60% de los habitantes son víctimas del desplazamiento forzado que llegaron allí huyendo la violencia de otros municipios de los Llanos. Un barrio que para entonces no contaba con servicios públicos y era conocido popularmente como “Ciudad Milagro”, porque según dicen los habitantes, todo lo que se perdía en Villavicencio aparecía allí.
Esta sentencia reúne 21 de los crímenes que fueron cometidos en este barrios. “Pues todo el mundo con terror y con miedo, las cosas que se vivían era dura, que mataban cada nada… todo el mundo vivía con miedo. (…) Incluso a mí una vez me llamaron que iban a hacer limpieza que yo callada, que si sabía de alias, de apodos de unos muchachos. (…) La gente vivía con miedo, porque uno a conciencia sabía quiénes estaban mandando y qué era lo que hacían”, relató una víctima interrogada por la Fiscalía.
Los crímenes incluyen homicidios, desapariciones forzadas y masacres, como la que ocurrió el 21 de diciembre de 2003, hacia las 6 de la tarde, cuando paramilitares dispararon contra William Colmenares Vargas, Juan Gabriel Acosta Arenas y Berney Oswaldo Rodríguez mientras departían en una heladería. Tal fue el control que tuvieron ‘Las Urbanas’ del Bloque Centauros en ese barrio que los ‘paras’ llegaban caminando por la única vía de acceso del sector cuando iban a matar a alguien.
Los habitantes prefirieron no salir a las calles y dejaron de frecuentar establecimientos públicos. Entre 2002 y 2004 varios menores de edad del barrio fueron reclutados para unirse al Bloque Centauros.  
En ‘Las Urbanas’ se presentó otro hecho particular: varios de sus integrantes fueron asesinados por el mismo grupo paramilitar. Según dicen los postulados, esto ocurrió porque “abusaron de su rol” acusando falsamente a las víctimas ser colaboradores de la guerrilla o miembros de las Autodefensa Campesinas del Casanare.

viernes, julio 22, 2016

Sacaban a sus víctimas de sus casas para torturarlos y asesinarlos. Arrojaban los cadáveres al río Magdalena

Por:  JUSTICIA  | EL TIEMPO 21 de julio de 2016
Más de 4.600 personas fueron asesinadas en el sur del Cesar y Norte de Santander entre 1995 y 2006, por órdenes directas o por linea de mando del exjefe paramilitar Juan Francisco Prada, alias Juancho Prada, según documentó el Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá.
Prada está en libertad a prueba desde octubre del 2015, tras cumplir ocho años de prisión y los requisitos para salir de la cárcel.

La sentencia del Tribunal afirma que hubo una “política sistemática y generalizada de exterminio contra la población civil que consistía en exterminar a todo aquel que ellos consideraban dañinos para la sociedad, colaboradores o auxiliadores de la guerrilla, violadores y miembros de sectas satánicas”.
Sacaban a sus víctimas de sus casas y trabajos, y luego las trasladaban al corregimiento de Puerto Mosquito, del municipio de Aguachica (Cesar), donde eran torturados, asesinados y arrojaban los cadáveres al río Magdalena.
“Aprovechaban el estado de indefensión de las víctimas para reducirlas por la fuerza, atando sus manos con un cable, las mantenían secuestradas por uno o dos días en fincas que eran adaptadas como cárceles, eran torturadas con métodos que producen asfixia mecánica y algunas víctimas eran sometidas a ver la fosa en la que iban a ser arrojados sus cuerpos”, dice el fallo con ponencia de la magistrada Alexandra Valencia.
En otros casos, los cuerpos de las víctimas eran expuestos en lugares públicos y carreteras.
Una de las masacres se registró el 17 de marzo del 2004 en la vereda el Pescado, municipio de San Alberto (Cesar).
Tres hombres de una misma familia (padre, hijo y primo; uno de ellos de 15 años) fueron sacados de su vivienda y llevados a una finca donde los torturaron con agua salada en la cara y amarrada con una toalla. Al día siguiente fueron asesinados.
En la sentencia condenan a Javier Antonio Quintero Coronel, alias Pica Pica, integrante de ese bloque por su responsabilidad en 42 hechos delictivos y 25 secuestros, que dejaron 53 víctimas directas y 318 víctimas indirectas. Quintero se desmovilizó desde el 2006 con otras 251 personas, entre estas 15 mujeres.
“Llegaba una información y se ordenaba la muerte. Matábamos por demostrar quiénes éramos”, dijo Quintero en audiencia.
El fallo resalta la omisión de miembros de la Fuerza Pública contra la estructura paramilitar que garantizó la criminalidad.
El Tribunal dice que la entrega de bienes fue irrisorio frente a las víctimas y exige a los exparamilitares la recuperación de cadáveres de desaparecidos.

jueves, julio 21, 2016

La dimensión internacional del conflicto social y armado en Colombia. Injerencia de los Estados Unidos, contrainsurgencia y terrorismo de Estado

viernes, julio 01, 2016

El vademécum del sufrimiento: Manual de tortura paramilitar

Tribunal de Justicia y Paz identificó al menos 25 formas de tortura perpetradas por las autodefensas. El Espectador revela los peores vejámenes promovidos por ese grupo en tres décadas de violencia.
Por: Juan David Laverde Palma, El Espectador
En Twitter: @jdlaverde9
Por primera vez en la ya larga historia de la guerra en Colombia, un tribunal de Justicia y Paz documentó las formas de tortura en el paramilitarismo. Uno de los más siniestros capítulos del conflicto armado que fue pasando de agache por cuenta del remolino de asesinatos, secuestros y alianzas ilegales con caciques políticos de toda estirpe y toda calaña. Tras examinar la estela de violencia del Frente Héctor Julio Peinado, que operó en el sur del Cesar, y en concreto las órdenes de sus jefes Wilson Salazar Carrascal, alias el Loro; Whoris Sueltas Rodríguez, alias Chómpiras, y Francisco Alberto Pacheco, alias el Negro, la justicia por fin puso el foco sobre los vejámenes ininterrumpidos de las autodefensas en casi tres décadas de muerte. En total, se identificaron 31 formas de tortura. Cada una más escalofriante que la anterior. Unos vampiros, se diría.
El Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá, al frente del magistrado Eduardo Castellanos Rozo, se propuso desenterrar estos crímenes y sus hallazgos son tan crudos que hacen retorcer el alma. Las formas más terribles de estrangulamiento, mutilación, electrocución, golpizas o ahogamientos, violencia sexual y perturbación psíquica. Un vademécum del dolor con una logística puntual: un espacio físico controlado, herramientas para infligir sufrimiento, esposas, lazos, cabuyas y alambres para atar a las víctimas y vendas, trapos o toallas para impedir su visión. Un repertorio que incluyó a animales feroces y que se dio en 15 departamentos: Antioquia, Arauca, Atlántico, Boyacá, Caldas, Cesar, Cundinamarca, La Guajira, Meta, Magdalena, Norte de Santander, Santander, Sucre, Tolima y Vichada.
El estudio del tribunal encontró cosas como estas: el tiempo de duración de las torturas osciló en promedio entre una y ocho horas (han sido atípicos los casos registrados de tortura que tardan semanas o meses). La mayoría de los vejámenes se dieron “en espacios abiertos como carreteras interveredales, fincas con extensos pastizales o predios ubicados a la orilla de un río caudaloso”. Por ejemplo, en las Autodefensas Campesinas de Puerto Boyacá, las torturas ocurrieron en Los Transmisores, un predio alejado del casco urbano de Puerto Boyacá, muy cerca al río Magdalena. Las Autodefensas Campesinas del Sur del Cesar vejaron a muchos en una carretera ubicada en el corregimiento de Puerto Mosquito, en Aguachica. “El 63% de los civiles torturados por las Autodefensas del Sur del Cesar fueron posteriormente asesinados, el 14% fueron desaparecidos forzadamente y el 23% quedaron vivos”, señaló el fallo.
El mapeo criminal de este delito en el paramilitarismo reveló otros hallazgos interesantes. Por ejemplo, “que la tortura tendió a ser utilizada para alcanzar los fines de la organización ilegal y no tanto para satisfacer individualmente un patrullero sádico y sanguinario”. Es decir, se observó una consistencia entre las modalidades de tortura y los objetivos de guerra que se perseguían. Los métodos de sofocación y electrocución estuvieron principalmente ligados a la pretensión de las autodefensas de obtener información y confesión de manera rápida por parte de civiles señalados de pertenecer o simpatizar con la guerrilla. En palabras castizas, los ‘paras’ ahogaron, asfixiaron o electrocutaron a sus víctimas para extraer forzadamente información, pero no los mutilaron o quemaron para cumplir con dicho propósito.
En cambio, el uso de cuchillos, machetes o motosierras para desmembrar vivas a las personas estuvo asociado con una estrategia de guerra contrainsurgente. Aquí la tortura fue usada únicamente como castigo, no como método para obtener información. “El método de infligir dolor estuvo estrechamente ligado a la calidad de la víctima o al señalamiento que de ésta hacía el victimario”, advirtió la sentencia conocida por El Espectador. “Los paramilitares quemaron con fuego o ácidos a aquellos que señalaron como enlaces directos de la subversión”. En cuanto a los métodos de tortura sicológica como el encierro, el aislamiento crónico, la privación del sueño y la humillación pública, el tribunal observó que estos vejámenes fueron aplicados como castigos con fines correctivos a los mismos integrantes de un grupo paramilitar que desacataban normas disciplinarias.
En síntesis, las formas de tortura revelaron no solo la sevicia de los victimarios sino lo que éstos pensaban de sus víctimas. A los ladrones, las autodefensas los quemaban, o los sometían a golpizas brutales. “La forma de infligir daño físico y mental a la víctima estuvo relacionada con objetivos de guerra ideados por los paramilitares”, concluyó el tribunal de Justicia y Paz. A continuación el recuento de las formas de tortura perpetradas por las autodefensas:
1. La bolsa de jabón: Amarraban las manos de la víctima con cabuyas, la obligaban a sentarse, le ponían una bolsa con detergente en la cabeza y el rostro, y cerraban con fuerza dicha bolsa hasta bloquear las vías respiratorias. Esta modalidad fue utilizada por el Frente Fronteras del Bloque Catatumbo, al mando de Jorge Iván Laverde, alias el Iguano, en el sector de El Cerro en Cúcuta.
2. La toalla mojada con sal para ganado: Ataban las manos de las víctimas con esposas y las obligaban a sentarse mientras otra persona llenaba un balde con pizcas de sal para ganado. Luego mojaban una toalla, se las ponían sobre ojos, nariz y boca y la aprietan hasta propiciarles asfixia, vómito y quemazón en las fosas nasales. Esta técnica fue utilizada por el Frente Héctor Julio Peinado en una casa clandestina ubicada en el barrio Romero Díaz en Aguachica (Cesar). Javier Antonio Quintero, alias Pica, lo describió así: “Uno coge un balde grande con agua y lo llena con sal de ganado, y remoja bien la toalla, y después se le enrolla la cabeza en la toalla, y la sal le quema la nariz, le quema la cara y lo está ahogando… Eso hace que la persona hable”.
3. La soga al cuello: Amarraban las manos y el cuello de la víctima con una soga, la obligaban a caminar largas distancias en esas condiciones y, posteriormente, lo colgaban de un árbol amarrado del cuello hasta que se moría como consecuencia del ahorcamiento. Los ‘paras’ del Frente José Pablo Díaz, del Bloque Norte, lo usaron en Remolino (Magdalena).
4. El submarino: Ataban el cuerpo de la víctima a una silla, la inclinaban hasta sumergirle la cabeza en un balde repleto de agua con sal, y de manera cíclica lo dejaban durante pocos minutos, lo sacaban y lo volvían a sumergir. Esta tortura fue utilizada por el Frente Héctor Julio Peinado.
5. Golpiza en la boca: A quienes señalaban del robo de ganado, viviendas o establecimientos comerciales, les ataban las manos, y con puños o con la boquilla de un fusil, los golpeaban reiterativamente en la boca hasta tumbarles la dentadura. Esta modalidad de castigo fue perpetrada por el Frente José Pablo Díaz en Sabanalarga (Antioquia), y por el Bloque Mineros, en Valdivia (Antioquia) con la variante de que la víctima fue tirada al suelo y destripada con motos de alto cilindraje que le pasaron por encima.
6. Golpiza en la cara: A un presunto colaborador de la guerrilla, miembros del Frente Contrainsurgencia Wayuu le amarraron con cuerdas las manos y los pies, lo tiraron al suelo boca arriba y desde un barranco le dejaron caer piedras pesadas en la cara hasta desfigurarle el rostro. ¿El objetivo? Que confesara los movimientos de la insurgencia en Maicao (La Guajira).
7. Golpiza en las piernas: A un jugador de fútbol miembros de las Autodefensas del Magdalena Medio lo golpearon con palos en las piernas hasta fracturarlo y luego lo azotaron en la cabeza hasta asesinarlo. El joven fue torturado por haberse rehusado a jugar en el equipo de fútbol cuyo dueño era uno de los financiadores del grupo paramilitar en La Dorada, Caldas.
8. Golpiza en los genitales: A un presunto miliciano de la guerrilla, integrantes del Bloque Vencedores de Arauca lo amarraron de las manos, lo desnudaron y le comenzaron a dar patadas en los testículos hasta dejarlo afligido. Posteriormente, le arrojaron serpientes cascabel venenosas para picarlo y rematarlo. Golpiza en dedos y uñas: A unos señalados colaboradores de la guerrilla en Nariño los ataron a una silla y les propinaron golpes con un martillo en todas las uñas de los dedos de la mano hasta obligarlos a confesar la información requerida por el Bloque Libertadores del Sur.
9. Golpiza en el pecho: A presuntos integrantes de bandas delincuenciales en Aguachica (Cesar), los ‘paras’ los amarraban a una silla y los golpeaban con objetos contundentes hasta fracturarles el tórax.
10. Golpiza en todo el cuerpo: Esta forma de tortura fue utilizada por integrantes del Bloque Norte en Remolino (Magdalena), en señal de venganza contra un ganadero que se rehusó a esconder un ganado hurtado por los paramilitares. La víctima fue amarrada a un árbol durante varios días, y golpeada en la cara, el pecho, los genitales y las piernas.
11. Mutilaciones en orejas: Consiste en amarrar a la víctima con las manos atrás a un árbol mientras con arma cortopunzante le cercenan las orejas antes de rematarlo con disparos. Una modalidad de tortura que se presentó en el Frente Turbo del Bloque Bananero, al mando de H.H., quién impuso estos vejámenes a políticos y militantes de la Unión Patriótica. También, hombres de las Autodefensas de Cundinamarca y del Bloque Catatumbo, perpetraron estas torturas.
11. Mutilaciones en órganos sexuales: El Tribunal documentó que a la presunta compañera de un guerrillero en La Palma (Cundinamarca) integrantes de las Autodefensas de Cundinamarca la ataron, desnudaron y con arma corto punzante le mutilaron los senos y posteriormente la vagina. Fernando Sánchez, alias Tumaco, es señalado por estos hechos.
12. Mutilaciones en la cabeza: Consiste en cortar con machete o cuchillas de acero la parte externa de la cabeza de la víctima hasta raparla o desprender pedazos del cuero cabelludo. Esta modalidad se presentó en el Bloque Cundinamarca, con personas tildadas de cooperar con la subversión, y en las Autodefensas de Meta y Vichada, con niñas y adolescentes señaladas de ponerse faldas cortas, desobedecer a los padres y hasta incitar a hombres casados a ser infieles. Rapar las cabezas de las víctimas fue una estrategia de control social, advirtió el fallo.
13. Desmembramiento: Quienes eran tildados de ser guerrilleros sufrían esta forma de tortura la mayoría de las veces. Según los hallazgos de la justicia, las víctimas eran desmembradas vivas. Una modalidad aplicada por el Bloque Norte en Bosconia (Cesar) y en Remolino y Chivolo (Magdalena), donde en ocasiones amarraban con alambres de púa los cuerpos de civiles. En el Bloque Mineros, con cuchillos, descuartizaban a quienes desafiaban la autoridad de Ramiro Cuco Vanoy. Casos similares se presentaron en Meta y Vichada. Hubo motosierras en Nariño, Puerto Boyacá, Atlántico, Cesar y Arauca.
14. Descargas eléctricas: Fueron utilizadas para obligar a las víctimas a confesar o delatar su pertenencia a la guerrilla. El Bloque Catatumbo tenía casas de tortura en Tibú (Norte de Santander), donde amarraban a las víctimas a unas sillas, les colocaban cables en el cuerpo, y les propinaban descargas eléctricas. Este mismo bloque tenía otro lugar en el barrio Cañaguatera, en La Gabarra. Allí ataban a las víctimas, las sumergían en una bañera y les colocaban en el cuerpo un cable dúplex que les transmitía corriente eléctrica. Los bloques Cundinamarca y Mineros también sometieron a sus víctimas a esta forma de tortura.
15. Perturbación psíquica: El encierro, el aislamiento, la privación del sueño, las humillaciones públicas y los trabajos forzosos, fueron modalidades utilizadas. Por lo general, estas técnicas tendieron a ser aplicadas en los mismos integrantes del grupo ilegal que infringían el régimen disciplinario. La impulsaron jefes paramilitares como Ramón Isaza, alias el Viejo, Luis Eduardo Cifuentes, alias el Águila, y Baldomero Linares, alias Don Guillermo. En un predio de 50 hectáreas ubicado entre Puerto Triunfo y Puerto Boyacá, Ramón Isaza creo “La isla”, un espacio de trabajos forzados para los ‘paras’ rebeldes. Allí, incluso, algunos eran regados con miel en el cuerpo para que los picaran insectos.
16. Orina paramilitar: Encerraban a sus víctimas durante días en un hueco cavado en la tierra, donde el cuerpo estaba enterrado pero la cabeza y el cuello quedaban sobre la superficie. Allí los paramilitares los orinaban.
17. Privación del sueño: En la provincia de Rionegro (Cundinamarca), el Águila castigaba a los patrulleros que se quedaban dormidos prestando guardia o que se emborrachaban durante “horas laborales” amarrándolos de manos a un árbol o un poste, obligándolos a ingerir alcohol hasta que perdieran la consciencia y, bajo estas condiciones, los privaba del sueño durante largas horas o días.
18. Quemaduras: El uso de fuego, agua hirviendo o ácidos para quemar a las víctimas, hizo parte del repertorio criminal de varios grupos paramilitares. Gran parte de los civiles quemados fueron señalados de pertenecer a bandas dedicadas al hurto. Por lo general, eran quemados con fuego en los dedos y la palma de la mano, o en glúteos y genitales. Alias Guajibo, por órdenes de Baldomero Linares, llevaba a presuntos ladrones a la finca La Esperanza, en Vichada, para quemarlos. En el Bloque Córdoba y en el Frente William Rivas del Bloque Norte, se registraron casos similares. A una víctima le echaron agua hirviendo en las piernas y en la vagina.
19. Violencia sexual: Estos actos buscaron marcar a las víctimas, además de causarles dolor. Acceso carnal violento, mutilación de órganos sexuales, prostitución o esclavitud sexual. Encabeza la lista de esta forma de tortura el Frente Resistencia Tayrona de Hernán Giraldo, quien obligó a menores de edad (especialmente vírgenes) a sostener relaciones sexuales con él. Cuando una madre sacaba a sus hijas de la zona, Giraldo decretaba castigarla. Se conoció un caso en donde el jefe paramilitar les ordenó a sus hombres violar varias veces a una mamá que mandó a su hija a otra región para no entregársela. Alias Codazzi, en Magdalena, también promovió el abuso masivo de mujeres en Sitio Nuevo, El Plato y Chivolo.
20. Torturas combinadas: No siempre los paramilitares adoptaron una sola forma de provocar daño. En muchos casos combinaron la estrangulación, la mutilación o las golpizas. Por ejemplo, en Remolino (Magdalena), se documentó un caso donde integrantes del Bloque Norte amarraron a un presunto colaborador de la guerrilla a un árbol, lo sometieron a puñetazos en el estómago, y lo empezaron a cortar con un machete en cada parte del cuerpo hasta descuartizarlo.
21. Encierro, golpizas y mutilaciones: En la finca Las Pampas, en Puerto Gaitán (Meta), siguiendo órdenes de Baldomero Linares, las Autodefensas de Meta y Vichada encerraron a un presunto enfermero del Bloque Oriental de las Farc durante dos días en un cuarto oscuro, lo golpearon y amarraron a una camilla de médico. Según el proceso, aún con vida utilizaron su cuerpo para ensayar procedimientos quirúrgicos con patrulleros que estaban aprendiendo primeros auxilios.
22. Violencia sexual y mordiscos: En Tarazá (Antioquia) a una mujer catalogada como “inmoral” por Luis Adrián Palacios, alias Diomedes, la encerraron en un cuarto, la amarraron a una silla, la obligaron a practicarle sexo oral a varios paramilitares y luego le mutilaron los pezones a mordiscos. Como si ya no fuera tanto, para rematarla la empujaron desde un segundo piso.
23. Golpizas, quemaduras y mutilaciones: En la vereda El Rosario del municipio de Arauca, integrantes del Bloque Vencedores amarraron desnuda a un árbol a una presunta colaboradora de la guerrilla, le cortaron un seno y posteriormente le esparcieron en la cara y en las extremidades un spray con veneno para insectos, lo que le produjo graves quemaduras. En San Vicente de Chucurí (Santander), alias Wálter ordenó torturar a un integrante de las autodefensas que dio información a las autoridades. Lo amarraron, le quitaron las uñas de las manos, le cortaron los dedos y lo quemaron con fuego. En otro caso, en La Palma (Cundinamarca), a un supuesto miembro de la guerrilla, alias Tumaco le puso un freno en la boca como el que se les pone a los caballos y, para rematarlo, con un cuchillo le cortó el cuello.
24. Golpizas, descargas eléctricas y mutilaciones: En Puerto Boyacá los paramilitares persiguieron de manera sistemática a personas con orientaciones sexuales diversas. A una trabajadora sexual, señalada de estar “vagando siempre con gamines de la calle”, hombres al mando de Juan Evangelista Cadena la amarraron, le introdujeron agujas en los dedos de la mano, la golpearon con una correa, le tocaron sus órganos sexuales, le propinaron descargas eléctricas y, finalmente, le dispararon en el sector conocido como Los Transmisores.
25. Descargas eléctricas y quemaduras: En la vereda Cantagallo de La Palma (Cundinamarca), hombres al mando de alias Tumaco amarraron a un presunto colaborador de la guerrilla, le conectaron cables en el pecho, lo electrocutaron, le esparcieron ácido por todo el cuerpo, y cuando estaba agonizando lo remataron con disparo. Sobre el cadáver pusieron el siguiente letrero: “Esto le pasó por sapo. Esto también para los que sigan colaborando con la guerrilla”.

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